Por Tania Sánchez Melero
En El Blog de Tania Sánchez
El 20 de julio de 1936, un día antes de cumplir 27 años, mi
abuelo pasó de ser un cerrajero militante de la CNT que se encontraba
circunstancialmente en Lugo, a ser un delincuente retenido y juzgado por
un delito de adhesión a la rebelión. A ojos del estado y de nuestra
democracia, hoy, 75 años más tarde, sigue siendo un delincuente.
Adhesión a la rebelión es el delito que escogieron quienes se rebelaron contra la democracia legalmente constituida para acusar a quienes la defendieron, y ese es el delito que aparece en las dos sentencias que recayeron sobre él, y a las que hemos podido tener acceso tras no pocas vueltas y averiguaciones.
Los hechos, la realidad, distan mucho de ajustarse a esta tipificación. Mi abuelo estaba en Lugo en 1936 por motivos laborales, cuando los militares fascistas se levantaron en armas y las autoridades legítimas llamaron a la ciudadanía a defender la república legal y democráticamente instaurada.
Mi abuelo, Antonio Sánchez Canalejo, natural de Madrid, se unió a sus compañeros de Lugo, Sarria, y Monforte, que defendieron con armas el hospital provincial de Lugo, del que finalmente fueron desalojados por las tropas fascistas.
Apresados por la guardia civil ingresaron en la prisión de Lugo. Fue juzgado y condenado a reclusión perpetua casi un mes después de su detención.
En enero de 1937 le trasladaron al penal del fuerte de san Cristóbal, en Navarra, donde participó y sobrevivió a la que ha sido considerada la mayor evasión de España, en la que 795 presos republicanos huyen por la puerta de la prisión. De ellos 585 fueron capturados y 207 muertos a tiros en el campo cuando trataban de llegar a Francia por el monte. Fue de nuevo juzgado por esta evasión, y acusado de auxilio a la rebelión. Le condenaron a 17 años, 4 meses y un día.
Recopilar estos datos y otros que de la biografía de mi abuelo ha sido una tarea, lenta, dura y aún inconclusa que inicio su hijo Rodolfo, mi tío, por el mero interés de conocer los detalles de una historia contada a retazos en la familia; una tarea que probablemente nunca llegará a comprender la secretaría del ministerio de justicia que nos traslada en una carta su comprensión por lo difícil de la recopilación de documentación que acompaña a la solicitud de reparación y reconocimiento.
Si el Ministerio de Justicia comprendiera algo, sabría que mi familia no quiere un papel que declara le reparación y reconocimiento personal a mi abuelo. Eso, mi abuelo lo ha tenido siempre, tanto de parte de su familia como de quienes le conocieron.
Pero la reparación real, la que depende del estado y no de su familia, no llegará hasta que no se anule la sentencia que aún hoy está en vigor y que declara que mi abuelo es un delincuente por defender la Ley.
Hasta que este país no dé ese paso, y se anulen todas las sentencias en las que se confunde demócratas con rebeldes y víctimas con victimarios, hasta que no se deje de considerar oficialmente como delincuentes a personas como mi abuelo, hasta que no se reconozca el valor político de quienes defendieron la libertad, la Ley y la República, la reparación no estará hecha. Diga lo que diga un papel firmando por el ministro Caamaño.
Adhesión a la rebelión es el delito que escogieron quienes se rebelaron contra la democracia legalmente constituida para acusar a quienes la defendieron, y ese es el delito que aparece en las dos sentencias que recayeron sobre él, y a las que hemos podido tener acceso tras no pocas vueltas y averiguaciones.
Los hechos, la realidad, distan mucho de ajustarse a esta tipificación. Mi abuelo estaba en Lugo en 1936 por motivos laborales, cuando los militares fascistas se levantaron en armas y las autoridades legítimas llamaron a la ciudadanía a defender la república legal y democráticamente instaurada.
Mi abuelo, Antonio Sánchez Canalejo, natural de Madrid, se unió a sus compañeros de Lugo, Sarria, y Monforte, que defendieron con armas el hospital provincial de Lugo, del que finalmente fueron desalojados por las tropas fascistas.
Apresados por la guardia civil ingresaron en la prisión de Lugo. Fue juzgado y condenado a reclusión perpetua casi un mes después de su detención.
En enero de 1937 le trasladaron al penal del fuerte de san Cristóbal, en Navarra, donde participó y sobrevivió a la que ha sido considerada la mayor evasión de España, en la que 795 presos republicanos huyen por la puerta de la prisión. De ellos 585 fueron capturados y 207 muertos a tiros en el campo cuando trataban de llegar a Francia por el monte. Fue de nuevo juzgado por esta evasión, y acusado de auxilio a la rebelión. Le condenaron a 17 años, 4 meses y un día.
Recopilar estos datos y otros que de la biografía de mi abuelo ha sido una tarea, lenta, dura y aún inconclusa que inicio su hijo Rodolfo, mi tío, por el mero interés de conocer los detalles de una historia contada a retazos en la familia; una tarea que probablemente nunca llegará a comprender la secretaría del ministerio de justicia que nos traslada en una carta su comprensión por lo difícil de la recopilación de documentación que acompaña a la solicitud de reparación y reconocimiento.
Si el Ministerio de Justicia comprendiera algo, sabría que mi familia no quiere un papel que declara le reparación y reconocimiento personal a mi abuelo. Eso, mi abuelo lo ha tenido siempre, tanto de parte de su familia como de quienes le conocieron.
Pero la reparación real, la que depende del estado y no de su familia, no llegará hasta que no se anule la sentencia que aún hoy está en vigor y que declara que mi abuelo es un delincuente por defender la Ley.
Hasta que este país no dé ese paso, y se anulen todas las sentencias en las que se confunde demócratas con rebeldes y víctimas con victimarios, hasta que no se deje de considerar oficialmente como delincuentes a personas como mi abuelo, hasta que no se reconozca el valor político de quienes defendieron la libertad, la Ley y la República, la reparación no estará hecha. Diga lo que diga un papel firmando por el ministro Caamaño.
